Allura & Peimondt – Empezar de Nuevo

Manel Espinosa González, director de Allura & Peimondt y CEO de Recupera Tu Dinero, responde a las claves del mayor caso de reclamación de consumo de la historia de España.

¿Qué fue exactamente el llamado «cártel de coches» y a quién afecta?

Entre febrero de 2006 y agosto de 2013, las principales marcas de automóviles que operaban en España mantuvieron un acuerdo secreto para intercambiar información comercial sensible: precios, descuentos, condiciones de postventa, estrategias de marketing… En la práctica, pactaron no competir entre ellas como deberían haberlo hecho. Y eso tiene un nombre técnico: cártel.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigó los hechos e impuso en julio de 2015 una sanción histórica de 171 millones de euros a 21 empresas del sector, en lo que constituye la mayor multa del sector de la automoción en España. Hablamos de marcas que en conjunto representaban en torno al 91 % de la cuota de mercado español.

¿Y qué significa esto para el ciudadano?

Pues algo muy concreto: que si compraste un coche nuevo de alguna de esas marcas entre 2006 y 2013, es muy probable que pagases de más. Un sobrecoste que no debería haber existido y que ahora tienes derecho a reclamar. Los cálculos apuntan a entre 7 y 8 millones de vehículos afectados en España. Es, sin exagerar, el mayor caso de reclamación de consumo de la historia de nuestro país.

¿Qué ocurrió para poner en marcha este proceso de reclamaciones?

El punto de inflexión fue en 2021. Las marcas sancionadas recurrieron la resolución de la CNMC ante la Audiencia Nacional, y después ante el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal dictó 13 sentencias entre abril y diciembre de 2021, confirmando íntegramente las sanciones impuestas. En ese momento, la sanción adquirió firmeza y quedó acreditado de forma definitiva que el cártel existió.

Esa firmeza es clave por dos razones. La primera, porque convierte la resolución de la CNMC en un hecho probado que los tribunales civiles deben respetar: ya no hay que demostrar que hubo cártel, eso está zanjado. La segunda, porque a partir de ese momento empieza a contar el plazo para que los afectados reclamen judicialmente la indemnización que les corresponde.

A raíz de esas sentencias, desde Allura & Peimondt, a través de nuestra plataforma Recupera Tu Dinero, pusimos en marcha una de las mayores operaciones de litigación masiva del país. Hoy, más de 50.000 personas nos han confiado su reclamación.

¿Qué avances se han conseguido hasta ahora y qué obstáculos han surgido?

Se ha avanzado muchísimo. Hay ya cientos de sentencias de Juzgados de lo Mercantil y de Audiencias Provinciales de toda España que reconocen el derecho de los consumidores a ser indemnizados por el sobrecoste derivado del cártel de coches. Nosotros mismos ya contamos con resoluciones favorables dentro de nuestra estrategia de litigación masiva, y tenemos importantes demandas en curso que esperamos fructifiquen en los próximos meses.

En cuanto a las cuantías, actualmente las estimaciones judiciales se sitúan en torno al 5 % del precio de compra del vehículo, más intereses desde la fecha de adquisición. No obstante, nuestros informes periciales estiman el daño real en más del 10 %, y vamos a defender la validez plena de esa cuantificación.

Pero no nos engañemos: es una carrera de fondo. En estos años se ha avanzado enormemente en cuestiones procesales fundamentales —prescripción, solidaridad entre fabricantes, legitimación activa y pasiva, estándar probatorio, métodos de cuantificación del daño—, y los despachos especializados no paramos de trabajar en ello.

Los obstáculos, por desgracia, han sido considerables. La saturación de la justicia española, que no está dimensionada para absorber un litigio de esta magnitud. Las tácticas dilatorias de los fabricantes, que han sido extraordinariamente agresivos en su estrategia procesal. La necesidad de esperar a pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han retrasado procedimientos durante meses. Y la complejidad técnica de elaborar una prueba pericial económica rigurosa, con un contrafactual adecuado conforme a las guías de la CNMC y de la Comisión Europea.

Y hay un obstáculo que me preocupa especialmente: la falta de movilización de los afectados. Se estima que de los 7-8 millones de vehículos potencialmente afectados, solo un 3-5 % de los propietarios han iniciado algún tipo de reclamación. Es decir, la inmensa mayoría de las personas que pagaron de más por su coche ni siquiera saben que pueden recuperar ese dinero. Y es su dinero.

La percepción es que este tipo de procesos no avanzan. ¿En qué punto están realmente las demandas judiciales?

Esa percepción es comprensible, pero no se ajusta a la realidad. Hay muchas demandas interpuestas, de muy diversos tipos: individuales, acumuladas, colectivas, con distintas estrategias procesales según el fabricante y el juzgado. Nosotros mismos tenemos varios procedimientos en marcha ante distintos Juzgados de lo Mercantil.

Lo que ocurre es que los tiempos de la justicia son los que son, y las marcas no han contribuido precisamente a agilizarlos. Pero el derecho a la indemnización está reconocido por la ley y por los tribunales. No es una cuestión de «si» se va a resolver, sino de «cuándo». Y la respuesta es: pronto. Esperamos resoluciones relevantes en los próximos meses. Lo importante es que quien tenga derecho a reclamar lo haga a tiempo. Porque el reloj de la prescripción sigue corriendo.

¿Qué papel han jugado las marcas de automóviles durante todo este proceso?

Voy a ser diplomático pero sincero: las marcas no se han sentado a negociar. Ni un solo acuerdo extrajudicial relevante. La estrategia ha sido, de forma generalizada, oponer la máxima resistencia procesal posible.

Hemos visto de todo: excepciones de prescripción, cuestionamiento de la legitimación, impugnación de las periciales, solicitud de intervenciones de terceros para alargar los procedimientos, discusión de competencias territoriales… Cualquier herramienta procesal disponible ha sido utilizada para dilatar, encarecer y desincentivar las reclamaciones.

No me corresponde a mí valorar si esa estrategia coordinada es legítima o no desde todos los puntos de vista. Lo que sí puedo decir es que pone de manifiesto la necesidad de contar con un despacho con experiencia real en litigación masiva, capaz de responder a cada una de esas estrategias sin perder el foco del caso. Un particular solo, frente a los equipos jurídicos de un gran fabricante, lo tiene francamente difícil.

En nuestro caso, además, tenemos la ventaja de poder hacerlo sin que los clientes tengan que adelantar ni un euro. Financiamos íntegramente el proceso, incluso el apoderamiento apud acta, para que el afectado no tenga que preocuparse absolutamente de nada.

¿Cuántos afectados podrían quedarse sin reclamar si no actúan a tiempo?

Millones. Literalmente, millones de personas. Los datos son elocuentes: entre 2006 y 2013 se vendieron en España entre 7 y 8 millones de vehículos nuevos de las marcas afectadas por el cártel. De ellos, se estima que apenas un 3-5 % han iniciado algún tipo de reclamación. Eso significa que hay entre 6 y 7 millones de vehículos cuyos propietarios tienen derecho a una indemnización y no la están reclamando.

Y el tiempo apremia. 2026 es un año decisivo para la prescripción de estas acciones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de septiembre de 2025 en el asunto Nissan Iberia (C-21/24), dejó claro que el plazo de 5 años para reclamar empieza a contar desde que las sentencias del Tribunal Supremo dieron firmeza a la sanción de la CNMC, lo cual ocurrió a lo largo de 2021. Esto sitúa el horizonte de prescripción en 2026, si bien las fechas concretas varían según cada fabricante y existen argumentos jurídicos sólidos que podrían extender ese plazo.

Pero mi consejo es claro: no esperar. Quien quiera reclamar el sobrecoste que pagó por su coche, que actúe ahora. El riesgo de dejar pasar el plazo es perder para siempre ese derecho.

¿Se puede ampliar el plazo para reclamar? ¿Hay base legal para ello?

Más que una prórroga en sentido estricto, lo que ha ocurrido es que la justicia europea ha clarificado el cómputo correcto del plazo, y eso ha sido una excelente noticia para los afectados. Durante años, los fabricantes defendieron que el plazo para reclamar comenzó en 2015, cuando la CNMC publicó su resolución sancionadora. De haber sido así, las acciones habrían prescrito hace tiempo. Pero el TJUE, en la sentencia del asunto Nissan Iberia de septiembre de 2025, zanjó el debate: el plazo no puede empezar hasta que la resolución sea firme. Y la firmeza llegó con las sentencias del Tribunal Supremo de 2021.

Esto ya supone un cambio radical respecto a lo que pretendían las marcas. Pero hay más: la propia Ley de Defensa de la Competencia, en su artículo 74.3 —que transpone el artículo 10.4 de la Directiva europea de daños—, establece que la prescripción se interrumpe durante todo el procedimiento sancionador y que esa interrupción no termina hasta un año después de que la resolución sea firme. Es decir, los afectados podrían disponer de un año adicional sobre el plazo de 5 años.

En definitiva, el TJUE ha venido a proteger a las víctimas del cártel, garantizando que sus derechos no queden vacíos de contenido por cuestiones de plazos. Es un triunfo del principio de efectividad del Derecho europeo frente a quienes pretendían que el paso del tiempo borrase la responsabilidad de los infractores.

¿Qué deben hacer ahora los afectados para no perder su derecho a recuperar el dinero?

El primer paso es muy sencillo: informarse y actuar. Si compraste un coche nuevo entre 2006 y 2013 de cualquiera de las marcas que formaron parte del cártel, incluidas las que se acogieron al programa de clemencia como el Grupo Volkswagen (con sus marcas SEAT, Škoda, Audi, VW y Porsche), tienes derecho a reclamar.

En Recupera Tu Dinero hemos simplificado al máximo el proceso. El afectado puede darse de alta en minutos, nosotros nos encargamos de toda la gestión: desde la recopilación de documentación hasta la interposición de la demanda y su seguimiento judicial. Y lo hacemos sin que el cliente tenga que adelantar absolutamente nada. Cero euros. Financiamos íntegramente el proceso, incluidos procurador, perito y tasas.

Lo que no puede hacer el afectado es esperar indefinidamente. Estamos en un momento procesal óptimo: la jurisprudencia está consolidándose a favor de los consumidores, los plazos siguen abiertos, y los despachos especializados tenemos la infraestructura lista para absorber un gran volumen de reclamaciones. Pero esa ventana no durará siempre.

¿Qué documentación se necesita? ¿Pueden reclamar quienes ya no tengan el vehículo o la factura de compra?

Esta es una de las preguntas que más nos hacen, y la respuesta es tranquilizadora: sí, se puede reclamar aunque ya no tengas el coche e incluso aunque no conserves la factura de compra. Han pasado muchos años desde las compras —estamos hablando de vehículos adquiridos hace entre 13 y 20 años— y es perfectamente comprensible que mucha gente no conserve la documentación original. Pero existen vías alternativas para acreditar la compra y las condiciones de la adquisición. Nuestro equipo trabaja precisamente en eso: en reconstruir la trazabilidad de cada operación para que ningún afectado se quede sin reclamar por un problema documental.

Lo ideal, evidentemente, es disponer de la factura de compra o el contrato de compraventa o financiación. Pero si no se tiene, no es motivo para renunciar a la reclamación. Cada caso se analiza individualmente y nuestros profesionales buscan la mejor vía probatoria disponible.

Mi mensaje final para los lectores de La Razón es este: si compraste un coche entre 2006 y 2013, infórmate. No dejes que prescriba tu derecho a recuperar lo que es tuyo. Y si necesitas ayuda, en Allura & Peimondt y en Recupera Tu Dinero llevamos años dedicados exclusivamente a esto, con más de 50.000 afectados que ya nos han dado su confianza.