SEAG

SEAG es la empresa nacional líder en garantizar el pago del alquiler, ofreciendo garantías a los propietarios, eliminando la incertidumbre del impago y sirviendo de apoyo a los inquilinos

SEAG celebra su décimo aniversario en un mercado de alquiler cada vez más desafiante en España. Durante estos años, el sector ha experimentado cambios legislativos que dificultan la recuperación de viviendas tras impagos, sumados a los efectos del COVID y la inflación, aumentando la percepción de riesgo entre los arrendadores. “Nos aseguramos de que el propietario siempre cobrará su alquiler puntualmente”, asegura Pedro Bretón, CEO de SEAG.

¿Garantizar el alquiler es más necesario que nunca?

Hoy en día, nuestra Garantía de Alquiler está siendo indispensable a la hora de alquilar cualquier inmueble. Recordemos que el 95% de los caseros en nuestro país son pequeños ahorradores, que en muchos casos necesitan esos ingresos para seguir pagando los impuestos, hipotecas, etc.

Después del COVID, el miedo al impago creció, así como los plazos para recuperar una vivienda. SEAG garantiza la renta a propietarios hasta el momento en que recupera su inmueble, tarde lo que tarde el procedimiento, siendo nuestra Garantía de Alquiler la más completa del sector.

¿Podemos ver esta necesidad en cifras?

En 2020, el Real Decreto-ley 11/2020 suspendió desahucios para familias vulnerables debido al impacto del COVID-19. Desde entonces, esta medida se ha prorrogado, extendiendo el tiempo de recuperación de las viviendas para los propietarios, con algunos casos bloqueados por más de 3 años. Este aumento del plazo de resolución jurídica, que prácticamente se está triplicando, es el claro ejemplo de porque cada vez más propietarios quieren saber, que pase lo que pase, su alquiler está seguro con nuestra Garantía.

SEAG ha resuelto más de 5000 impagos y ha pagado casi 12.000.000 € en rentas hasta el momento, siendo la compañía mejor valorada en nuestro sector por parte de nuestros clientes.

¿Vamos a más impagos?

El mercado está pasando una situación difícil, la falta de vivienda en alquiler está generando subidas de precios y dificultando a muchas familias la accesibilidad a una vivienda.

Es necesario tomar medidas para revertir la situación y conseguir que los precios se autorregulen, como rebajas fiscales para propietarios que alquilen a largo plazo, rebajas en el ITP para quien compre viviendas habituales, establecer precio de referencia para quienes alquilen por dichos precios tengan más beneficios fiscales en el IRPF, la creación de vivienda social para las familias vulnerables, acortar los plazos de los procedimientos judiciales para resolver un contrato de alquiler por impago y facilitar la construcción de nuevas viviendas, liberando suelo.

Respecto a si vamos a más impagos, el problema es que en los juzgados están acumulando procedimientos desde varios años generando un colapso, además de que se da la falsa sensación de que se puede dejar de pagar un alquiler sin tener repercusiones.

Hay que recordar que las deudas por impago de alquiler al final siguen siendo deudas y tienen consecuencias que tarde o temprano llegan, como aparecer en ficheros de morosidad o sentencias judiciales. El impago de una vivienda tiene que ser por una situación sobrevenida y nunca como parte de un plan para ahorrar pagar un alquiler. De lo contrario, el conjunto de los ciudadanos se verá repercutido por estas acciones, como es la situación actual de las familias más vulnerables.

¿Cómo podríamos solucionar esta alta tasa de impagos?

Como hemos dicho, siempre existe un porcentaje de personas que se aprovechan de las leyes existentes creando su propia oportunidad. Los INQUIOKUPAS, son un perfil de personas que sabiendo cómo está el sector, se aprovechan de los largos plazos judiciales, alquilando viviendas y dejando de pagar desde el primer mes. Estas consecuencias permiten que desvirtuemos por completo el contrato de alquiler como las ayudas para los verdaderos necesitados.

Casi 5 años después de la suspensión de los desahucios a familias vulnerables, es necesario volver a la normalidad, estableciendo medidas que ofrezcan soluciones de habitabilidad a las familias vulnerables, pero siempre manteniendo plazos estables para las resoluciones judiciales y permitiendo que los propietarios puedan recupera su vivienda lo antes posible.