Fundación Weber

Por Álvaro Hidalgo Vega. Catedrático de Economía Aplicada. Presidente de la Fundación Weber

El martes 26 de mayo, el Consejo de ministros aprobó el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), una norma que el sistema sanitario español llevaba décadas necesitando. Por primera vez se establece en España un marco completo, transparente y coordinado para analizar medicamentos, productos sanitarios, pruebas diagnósticas, terapias digitales y procedimientos clínicos. Pero lo más significativo no es que ordene lo que hasta ahora era fragmentado. Es lo que exige demostrar.

Las evaluaciones analizarán no solo la eficacia y seguridad de las tecnologías, sino también su impacto económico, social, ético, organizativo y ambiental. Esta ampliación supone una ruptura con el modelo anterior. El valor de una intervención no se agota en el resultado clínico: se extiende al trabajo que el paciente mantiene o pierde, a la carga que recae en su familia, al gasto que asume de su bolsillo, al impacto ambiental del ciclo de vida del medicamento, a las desigualdades territoriales que determinan quién se beneficia y quién no.

La salud no empieza en el hospital

La resistencia antimicrobiana que colapsa una UCI tiene su origen, en buena parte, en el uso masivo de antibióticos en ganadería intensiva que llega a los ríos y vuelve a la población a través del agua y los alimentos. La obesidad que genera múltiples comorbilidades acumula un componente ambiental documentado: los denominados obesógenos —PFAS, ftalatos, bisfenol A, pesticidas organoclorados— alteran el eje metabólico con independencia de la dieta o el ejercicio. Y el deterioro cognitivo tiene cofactores ambientales cada vez más documentados: metales pesados en el agua, pesticidas, contaminantes atmosféricos. Esto es la salud planetaria, no como concepto académico sino como realidad clínica y de gestión. Y es exactamente lo que el nuevo Real Decreto establece que debe incorporarse en los procesos de evaluación.

Para tomar decisiones en salud pública basadas en datos, tenemos la oportunidad de cruzar y analizar distintos catálogos, como los de calidad del aire del MITECO, los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica del Atlas de Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Transportes, las incapacidades y la vida laboral de la Seguridad Social, los registros de dependencia autonómicos, la vigilancia de aguas residuales y el uso de antibióticos en ganadería del MAPA o los datos de la innovación terapéutica que llega al sistema: todos existen. Pero ninguno habla con los datos clínicos del entorno sanitario. Son mundos que en España han operado siempre de espaldas, y que el nuevo marco de evaluación ahora obliga a conectar.