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El sector confía en que la mayor oferta de vehículos, el avance de la recarga y un marco regulatorio más sólido impulsen por fin una transición más rápida y estructural.

La movilidad eléctrica entra en una fase decisiva en España. Tras un 2025 de crecimiento en matriculaciones y despliegue de infraestructura, el debate ya no gira solo en torno a la adopción del vehículo eléctrico, sino a la capacidad del país para consolidar un ecosistema estable, competitivo y conectado con su estrategia industrial y energética. El reto ahora es convertir el avance en una transformación sostenida. Para hablarnos de ello, conversamos con Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE y vicepresidente de E-Mobility Europe

Tras el crecimiento de 2025 en matriculaciones e infraestructura de recarga, ¿puede ser 2026 el año en que la movilidad eléctrica dé un salto definitivo en España?

El crecimiento de 2025 marca una tendencia clara, basada en una mayor oferta de vehículos eléctricos, la aplicación de incentivos y la expansión de los puntos de recarga.

Es probable que 2026 sea un año de aceleración notable, pero que dé un salto definitivo dependerá de la velocidad con la que se implementen las palancas regulatorias, fiscales, de incentivos e inversiones en red que reclamamos en AEDIVE desde hace tiempo.

La llegada de vehículos eléctricos más asequibles parece cambiar el escenario. ¿Hasta qué punto el precio puede dejar de ser una barrera real para el consumidor?

El precio sigue siendo un factor crítico. La llegada de modelos más económicos puede convertir la movilidad eléctrica en una opción viable para un público más amplio. A medio plazo, si los costes de adquisición se acercan a los de los vehículos de combustión y los incentivos se mantienen, el precio dejará de ser una de las principales barreras.

El sector reclama un marco estable y a largo plazo. ¿Qué decisiones políticas y regulatorias son hoy imprescindibles para dar seguridad a la electromovilidad?

España necesita tomar decisiones claras y valientes en varios frentes si de verdad quiere dar seguridad a la electromovilidad y acompañar al sector con una visión de largo plazo. En primer lugar, hacen falta palancas fiscales alineadas con las de otros países vecinos, como Portugal, que incentiven de forma real la electrificación frente a la combustión, especialmente también en el ámbito de las flotas, donde el potencial de transformación es enorme.

Pero no basta con ayudas puntuales o subvenciones temporales, que muchas veces actúan como simples parches y, además, dejan fuera a parte de la cadena de valor del vehículo eléctrico. Lo que necesitamos son instrumentos financieros más estructurales y eficaces, como los eCredits o la ampliación de los Certificados de Ahorro Energético, capaces de dar respuesta a todo el ecosistema y no solo a una parte.

A esto se suma la necesidad de avanzar en el plano legislativo, favoreciendo una mayor integración del vehículo eléctrico con el sistema eléctrico. En un contexto geopolítico cada vez más complejo, la estrategia pasa por reducir la dependencia de terceros países en la compra de combustibles fósiles y apostar por energías propias, limpias y abundantes, que puedan sostener no solo la movilidad, sino también la edificación y la industria.

También es imprescindible actuar en el terreno regulatorio para acabar de una vez con la burocracia administrativa que sigue frenando a sectores como el de los operadores de recarga, especialmente en todo lo relacionado con el despliegue de infraestructuras públicas. En paralelo, hay que mejorar la transparencia sobre la disponibilidad de potencia en la red, porque solo con información clara se pueden planificar inversiones con seguridad desde el ámbito privado.

Y, por último, resulta clave reforzar la inversión estatal para llevar la potencia allí donde se necesita y adaptar las redes eléctricas a la realidad de un mundo cada vez más electrificado. La demanda energética ya no viene solo del vehículo eléctrico, sino también de industrias electrointensivas como los centros de datos, y esto exige una red preparada para responder con solvencia a ese nuevo escenario.

Más allá del coche, la movilidad eléctrica afecta a toda una cadena de valor industrial. ¿Está España sabiendo aprovechar esa oportunidad estratégica?

España ha avanzado en algunos eslabones: ensamblaje de vehículos, producción de baterías y componentes, y desarrollo de software para movilidad. Sin embargo, todavía depende en buena parte de importaciones de materias primas críticas y de tecnología de baterías.

La oportunidad estratégica radica en invertir en capacidades locales de baterías, reciclaje y software, y en atraer inversión industrial que complemente la cadena de valor europea.

Entre redes eléctricas, fiscalidad, flotas… Tenemos muchos frentes abiertos. ¿Dónde crees que habría que actuar primero para acelerar de verdad la transición?

Priorizar la infraestructura de recarga y la capacidad de red es clave. En paralelo, una fiscalidad coherente y atractiva puede incentivar la adopción masiva de la movilidad eléctrica. Una vez cubiertos estos pilares, la electrificación de flotas públicas y privadas consolidará la transición y generará efectos de escala para toda la industria.

Si miramos la actualidad, el contexto geopolítico es el más incierto de los últimos años, ¿puede la movilidad eléctrica convertirse también en una herramienta de autonomía energética para el país?

Sí. Reducir la dependencia de combustibles fósiles importados aumenta la resiliencia energética de España. Si la electricidad procede de fuentes renovables locales, cada vehículo eléctrico que se añada al parque reduce la vulnerabilidad ante crisis internacionales del petróleo o el gas. La movilidad eléctrica no solo es una transición ambiental, sino también estratégica: combina descarbonización con seguridad energética y posiciona al país frente a futuras tensiones geopolíticas.

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