Wolters Kluwer

Con la aprobación de la nueva Orden Ministerial, las compañías proveedoras de sistemas de facturación se convierten en actores centrales en la implementación de la Ley Antifraude

El Gobierno acaba de aprobar la Orden Ministerial que concreta el Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación, aprobado el pasado 5 de diciembre mediante el Real Decreto 1007/2023, relativo a la Ley Antifraude.

La orden detalla las especificaciones técnicas y funcionales que deben adoptar los sistemas de facturación para garantizar la inalterabilidad de las facturas a través del registro digital de los datos que contienen y su envío voluntario a la Agencia Tributaria.

Amplio alcance

El alcance de la normativa es muy amplio, ya que afecta a todas las empresas que emiten facturas y facturas simplificadas (conocidas como tickets), que tendrán que utilizar un software adaptado a esta normativa. Por tanto, además del objetivo de evitar el fraude fiscal, esta normativa impulsará la digitalización empresarial, un camino en el que las empresas podrán contar con el asesoramiento de las compañías desarrolladoras de este software de facturación.

¿Qué supone para estas compañías proveedoras de sistemas de facturación la publicación de esta Orden Ministerial? En primer lugar, convertirse en actores centrales de la implementación de la nueva normativa; en segundo lugar, contribuir con su experiencia y conocimiento a la digitalización y transparencia del tejido empresarial español.

Plazo de adaptación

La normativa establece que los desarrolladores de software tienen 9 meses desde la entrada en vigor de la orden para adaptar sus sistemas y programas de facturación; por este motivo, nos situamos en el próximo 29 de julio de 2025 como fecha límite para la adaptación por parte de las empresas tecnológicas. De esta forma, los desarrolladores de software afrontan la responsabilidad fundamental de proporcionar a las pymes y autónomos programas adaptados a los criterios establecidos en la nueva regulación, garantizando así la conformidad y eficacia de los sistemas informáticos utilizados en los procesos de facturación empresarial.

La seguridad y la transparencia subyacen al objetivo de esta norma al prohibir de facto el software de doble uso o de manipulación de ventas, que plantea serios desafíos a la integridad del sistema tributario y afecta directamente a la transparencia de los registros de facturación. Al eliminar esta práctica, se promueve la honestidad y confianza empresarial, contribuyendo a crear un entorno fiscal más transparente y fiable.

Lucha contra el fraude

De esta forma, la Ley Antifraude refleja un compromiso firme en la lucha contra los pagos no declarados que afectan a numerosos negocios en España. Esta medida será crucial para preservar la integridad del tejido empresarial español en su conjunto, erradicando prácticas que propician el fraude fiscal y la economía sumergida. Asimismo, esta normativa no solo mejora la transparencia financiera de las empresas, sino que también fortalece la confianza global en el entorno empresarial, dotándolo de honestidad.

Con la publicación de la Orden Ministerial, se abre una etapa determinante para el desarrollo del sector del software en España, impulsando la innovación y la calidad en la oferta tecnológica destinada a facilitar la transición hacia una facturación digital segura, transparente y conforme con las normativas fiscales vigentes. Tanto las empresas proveedoras de herramientas tecnológica como sus clientes deben adoptar esta nueva normativa cuanto antes, abrazando las soluciones tecnológicas que les permitan –no solo cumplir con las nuevas regulaciones– sino también liderar el camino hacia un futuro empresarial más eficiente, honesto, transparente e innovador.