FI Group by EPSA

Por Gerard Brinquis, director de Operaciones de FI Group by EPSA España

Durante años, Europa ha debatido sobre innovación como si el principal desafío consistiera en generar conocimiento. Sin embargo, buena parte de la distancia que nos separa de otras grandes economías no se encuentra únicamente en la capacidad para investigar, sino en la dificultad para transformar ese conocimiento en empresas más productivas, tecnologías escalables y nuevas capacidades industriales.

Europa dispone de grandes universidades, centros tecnológicos, talento y un tejido empresarial con una amplia experiencia industrial. Lo que no siempre consigue es que una tecnología prometedora complete todo el recorrido que va desde el laboratorio hasta el mercado. Entre ambos extremos aparecen obstáculos conocidos: inversiones prolongadas, incertidumbre tecnológica, dificultad para financiar plantas piloto, fragmentación del mercado y falta de capital para crecer.

Por eso, la financiación de la innovación ya no puede entenderse como una política complementaria. Se ha convertido en una cuestión central de competitividad, autonomía económica y seguridad.

De la investigación al mercado

La propuesta del marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 apunta precisamente en esa dirección. La Comisión Europea ha planteado un presupuesto cercano a los dos billones de euros, con la competitividad, la investigación, la innovación, la resiliencia y la reducción de dependencias entre sus prioridades. El futuro Fondo Europeo de Competitividad pretende, además, simplificar el acceso a los instrumentos y orientar la inversión hacia tecnologías e industrias consideradas estratégicas. Se trata todavía de un marco en negociación, pero la orientación política es inequívoca: Europa quiere conectar mejor sus recursos públicos con sus objetivos industriales.

Este cambio resulta especialmente relevante porque competir en ámbitos como la inteligencia artificial, la energía, la biotecnología, los semiconductores, la movilidad avanzada, la defensa o las tecnologías limpias exige algo más que financiar proyectos aislados. Requiere continuidad.

Una empresa que desarrolla una nueva tecnología no necesita el mismo instrumento durante toda su evolución. En una primera fase puede requerir apoyo para investigar o colaborar con un centro tecnológico. Más adelante necesitará validar el desarrollo, proteger el conocimiento generado, construir un demostrador, acometer una primera implantación industrial o entrar en nuevos mercados. Cada una de estas etapas presenta niveles diferentes de riesgo, plazos y necesidades de capital.

Financiación para todo el ciclo de innovación

La política de innovación será realmente eficaz cuando sea capaz de acompañar ese itinerario completo. No basta con iniciar muchos proyectos si pocos consiguen llegar al mercado. Tampoco basta con conceder financiación si las empresas no pueden combinarla con inversión privada, recursos propios, instrumentos fiscales o mecanismos de deuda adecuados.

La financiación pública debe actuar allí donde existe una oportunidad económica y tecnológica relevante, pero el riesgo o los plazos dificultan que el mercado la financie por sí solo. Su función no consiste en sustituir la inversión empresarial, sino en hacer posibles decisiones que, de otro modo, se retrasarían, se reducirían o no llegarían a producirse.

Conectar investigación, inversión e industria

En este punto, España parte de una posición con posibilidades, pero también con retos importantes. Cuenta con sectores industriales consolidados, capacidades científicas reconocidas, empresas tecnológicas emergentes y una participación creciente en programas europeos. Sin embargo, sigue siendo necesario mejorar la conexión entre investigación, inversión, industria y mercado.

La cuestión no es únicamente cuántos fondos somos capaces de movilizar, sino qué capacidades permanecen una vez ejecutados. Una política pública de innovación debería poder medirse también por las nuevas líneas de producción implantadas, el empleo cualificado creado, las patentes explotadas, la inversión privada inducida, las exportaciones generadas o las tecnologías que alcanzan una dimensión comercial.

Esto obliga igualmente a revisar cómo se aproximan las empresas a la financiación pública. Durante demasiado tiempo, muchas organizaciones han trabajado convocatoria a convocatoria. Detectan un programa, comprueban sus requisitos y tratan de encajar en él una iniciativa interna. Es una dinámica comprensible, pero limitada.

La lógica debería ser la contraria. La empresa ha de definir primero cuáles son sus prioridades tecnológicas, industriales y de crecimiento. A partir de ellas, debe construir una hoja de ruta financiera capaz de combinar subvenciones, préstamos, instrumentos fiscales, programas europeos y capital privado. La financiación deja así de ser una oportunidad puntual para convertirse en una palanca de planificación.

Cambio de etapa

La futura arquitectura europea parece querer avanzar hacia una mayor armonización y hacia puntos de acceso más sencillos. Será importante que esa intención se traduzca en una experiencia real más clara para las empresas y no únicamente en una reorganización de programas.

Nos encontramos, por tanto, ante un cambio de etapa. La financiación pública de la innovación ya no debe verse como una sucesión de convocatorias, sino como parte de una estrategia económica más amplia. Europa se juega en ella su capacidad para conservar industria, reducir dependencias, desarrollar tecnologías propias y convertir su conocimiento en prosperidad.

La próxima batalla de la competitividad no se ganará únicamente en los laboratorios. Se decidirá también en la capacidad para financiar el recorrido que convierte una buena idea en una empresa que crece, una fábrica que produce o una tecnología que llega al mercado. Y en esa tarea, la coordinación entre instituciones, compañías, centros de conocimiento e inversión privada será tan importante como la propia disponibilidad de recursos.

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