Los puertos españoles se afianzan como plataformas logísticas del sur de Europa
En el año 2002, cerca de 19 millones de personas han utilizado las instalaciones portuarias españolas para sus desplazamientos. Si hablamos de mercancías, el 51 % de nuestras exportaciones y el 78 % de las importaciones se realizaron por vía marítima, así como el 15 % del flujo comercial interno.
Además, la actividad directa, indirecta e inducida del Sistema Portuario supone del orden del 20 % del PIB del sector del transporte, lo que representa el 1,1 % del PIB nacional. Asimismo, genera un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo y de unos 110.000 de forma indirecta.
El modelo portuario español
El Sistema Portuario español de titularidad estatal está integrado por 50 puertos de interés general, gestionados por 27 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia corresponde al Ente Público Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Fomento, que tiene atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno.
La Ley dota al sistema portuario español de los instrumentos necesarios para mejorar su posición competitiva en un mercado abierto y globalizado, estableciendo un régimen de autonomía de gestión de las Autoridades Portuarias, que deben ejercer su actividad con criterios empresariales.
Dentro de este marco, se pretende que la gestión de los puertos de interés general responda al llamado modelo "landlord", en el que la Autoridad Portuaria se limita a ser un proveedor de infraestructura y suelo portuario y a regular la utilización de este dominio público, mientras que los servicios son prestados fundamentalmente por operadores privados en régimen de autorización o concesión.
Por otra parte, la función de los puertos desborda su tradicional papel como meros puntos de embarque o desembarque de mercancías y pasajeros para convertirse en centros en los que se ubica toda una serie de actividades que generan valor añadido a la mercancía, plenamente integrados en las cadenas logísticas e intermodales.
En la actualidad, se está preparando un proyecto de Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los puertos de interés general, que incorporará la mayor parte de los contenidos de la reciente Directiva Comunitaria relativa a la liberalización del acceso al mercado de los servicios portuarios, que modificará algunos aspectos de la legislación vigente en el sentido de reforzar y consolidar todos los aspectos positivos de nuestro modelo portuario.
La evolución de los tráficos, con tasas de crecimiento superiores al PIB, refleja una buena posición competitiva de los puertos españoles en el mercado del transporte marítimo. Así, el cierre provisional de 2002 muestra un incremento de los tráficos portuarios superior al 4% con un tráfico total próximo a los 364 millones de toneladas, distribuidos de la siguiente manera: 130 millones de toneladas de graneles líquidos, 125 millones de mercancía general, 97 millones de graneles sólidos y 11 millones de otros tráficos. El tráfico de contenedores también continua creciendo a ritmos superiores al resto de los tráficos (+6%), habiéndose alcanzado los 8 millones de TEUs.
Inversiones del sistema portuario
Es importante destacar que el sistema portuario español se rige legalmente por el principio de autosuficiencia financiera, tanto para cada una de las Autoridades Portuarias como para el conjunto del sistema, constituyendo uno de los pocos casos que responden totalmente a las orientaciones de la Unión Europea para la financiación de los sistemas de transporte y de sus infraestructuras. Así, los puertos de interés general no reciben ninguna asignación de los Presupuestos Generales del Estado, cubriendo la totalidad de sus gastos corrientes y de inversión a través de los recursos generados por sus operaciones (cash-flow), subvenciones de fondos europeos en ciertos casos y, excepcionalmente, mediante endeudamiento externo, que se mantiene en niveles muy bajos.
Las expectativas de crecimiento de los tráficos, la evolución de los puertos y sus nuevas necesidades como nodos logísticos y plataformas intermodales, así como la exigencia de un alto nivel de calidad y seguridad en la prestación de los servicios portuarios y una mejor integración de las áreas portuarias en el medio ambiente, exigen un conjunto de actuaciones que se han convertido en el eje de la política portuaria del Gobierno.
En el Plan de Infraestructuras 2000-2007 se contempla una inversión pública de más de 4.730 M. euros, a la cual hay que añadir una inversión privada muy importante y creciente. Las cifras correspondientes al período 2001-2005 son:
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