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Ustedes son conocidos como asesores empresariales,
se les asocia mucho más con el conflicto y
el Convenio Colectivo que con la toga. ¿Es
cierta esa percepción?
Ambas cosas son inseparables. Es verdad que asesoramos
a la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) desde su fundación hasta
hoy, y a otras muchas organizaciones empresariales
de ámbito menor. Hemos participado durante
más de 25 años en toda clase de negociaciones
colectivas, en pactos con los sindicatos y con los
gobiernos, en acuerdos globales, en acuerdos monográficos
y en planes de reconversión sectorial. Y lo
seguimos haciendo. Pero ello se complementa también
con la defensa que hacemos de los intereses de nuestros
clientes ante los tribunales de justicia. Ahora bien,
en los grandes temas, el riesgo de fiarlo todo a la
jurisdicción contenciosa, por ejemplo en un
expediente de regulación de empleo (ERE), es
tan elevado que siempre procuramos negociar y conciliar
intereses.
En ese afán por conciliar, ¿no
corren el riesgo de arrastrar por el suelo principios
fundamentales aceptando costos excesivos, o diluir
la solución que requiere la empresa más
de lo conveniente?
Sin duda, el riesgo del “acuerdo por el acuerdo”
en sí mismo existe, pero el único antídoto
para evitarlo es la profesionalidad que nos da el
oficio y el método. De todos modos, no es posible
llegar a ningún acuerdo negando al contrario,
su razón de ser, o rechazando mentalmente que
ni por asomo haya en su planteamiento un ápice
de verdad o de razonabilidad. Nosotros negociamos
bien, conseguimos buenos acuerdos y obtenemos resultados
útiles porque creemos que las sociedades democráticas
modernas son producto de un lógico equilibrio.
Pero, en ocasiones, la patronal CEOE que usted
asesora es tildada en los medios de reaccionaria o
cavernícola. Usted no puede ignorarlo.
Claro, leo los periódicos. Pero esas acusaciones
no corresponden a la verdad. Y los sindicatos lo saben
y el Gobierno también. La dirección
de CEOE ha sabido contribuir a la creación
y consolidación del modelo de convivencia durante
muchos años en diálogo y negociación
con los sindicatos. Y, sin duda, el artífice
de esa estrategia ha sido José Mª Cuevas.
El balance es tan positivo que la CEOE puede resistir
las críticas.
Pero ustedes han cerrado empresas y asesorado
planes de reconversión industrial que han supuesto
despidos, lo que pone de manifiesto que, en ocasiones,
son la expresión más acabada de ese
capitalismo feroz que usted parece no compartir.
No es así. Nosotros aceptamos que el poder
empresarial esté sometido a límites.
Pero la misión de las empresas es ganar dinero.
A los trabajadores y a los sindicatos les interesan
empresas que ganen dinero. Cuando ello no ocurre hay
que adoptar las medidas necesarias para volver al
camino de la rentabilidad. Y habitualmente las acciones
a llevar a cabo no son sólo despedir. Las empresas
que no sobreviven son el triste resultado de una suma
de factores. Por el contrario, para superar una situación
de crisis, con mucha frecuencia, además de
reducir costos, y los despidos pretenden eso mismo,
deberán llevarse a cabo reformas organizativas,
inversiones en nuevas tecnologías, fusiones
y concentraciones, es decir, configurar una unidad
óptima de producción capaz de competir.
Deduzco de sus palabras que en muchas ocasiones
los conocimientos jurídicos que sin duda ustedes
poseen no sólo no son suficientes, sino que
a veces están de más.
En absoluto. Es más, resulta un complemento
imprescindible el conocimiento del Derecho, en su
influencia tanto individual como colectiva. Pero como
se desprende de su pregunta, es evidente que sin dominar
los entresijos de la economía de las empresas,
y sin conocer de alguna manera los principales datos
macro y micro económicos, es muy difícil
abordar una negociación.
Es evidente que el supuesto de la huelga pone
de relieve hasta qué extremo un despacho profesional
como el de ustedes tiene una tarea compleja que realizar,
cuando no se limita a la mera asesoría legal,
porque tanto aconsejar al empresariado como afrontar
una huelga requiere saber muchas cosas, entre otras,
cómo comunicar las razones empresariales al
mundo exterior.
Cierto. Un experto en relaciones industriales debe
saber hacerlo. Es decir, debe saber cómo y
en qué condiciones y a través de qué
medios las empresas deben comunicar en su interno
y a la opinión pública las razones que
justificarían no haber podido evitar la huelga
o conflicto, con los perjuicios o sinsabores que ello
puede producir a empleados, clientes y usuarios. Dominar
las técnicas necesarias para abordar esta materia
requiere un adecuado reciclaje o disponer en los despachos
profesionales de especialistas en la materia que,
como es lógico, proceden del campo de las Ciencias
de la Información. A la postre, un despacho
profesional a la altura del siglo XXI, dedicado a
las relaciones industriales, que ha ofrecido a sus
clientes servicios que exceden de lo puramente legal,
no tiene más remedio que ser un despacho multidisciplinar.
Nosotros lo somos. Aunque he de manifestar que el
grueso de nuestra plantilla se encuentra integrada
por licenciados en Derecho y abogados en ejercicio,
nuestras necesidades interdisciplinarias solemos atenderlas
con profesionales colaboradores.
Por último, algunos sostienen que la
liberalización o desregulación que se
trate de imponer desde el Imperio arrumbará
a sindicatos y patronales y convertirá, por
tanto, su oficio en innecesario.
No creo que eso vaya a ocurrir. Los ciudadanos requeriremos
siempre la existencia de un Estado capaz de evitar
que el fuerte se coma inevitablemente al débil
sin remedio, previa quiebra absoluta de todos los
valores en los que se fundamenta la convivencia. Y
si el Estado es necesario, el Estado producirá
normas, y normas mínimas de conducta ajustadas
a lo que denominamos nosotros la legalidad. Y los
trabajadores no van a renunciar a que una asociación
llamada sindicato defienda colectivamente sus intereses,
obteniendo en ese ámbito, el colectivo, el
poder que individualmente ningún trabajador,
salvo excepciones, puede alcanzar frente a aquél
que le proporciona su empleo.
Pero es cierto que los sindicatos tenderán
a defender mucho más los intereses generales,
es decir, el marco en que los trabajadores encuentran
satisfacción paulatina a la defensa de sus
intereses, y no el interés específico
de un trabajador o varios que, situados en una determinada
correlación de fuerzas, pretenden obtener una
elevación salarial y trabajar menos horas de
trabajo sin importarles las consecuencias o los efectos
que tal reivindicación suponga para su empresa,
y para la flexibilidad que ésta necesita para
competir en un mercado cada vez más amplio,
duro y difícil. Y, por el contrario, las organizaciones
empresariales, como ya le ocurre a la CEOE, trascenderán
del discurso fácil que les llevaría
a defender sólo el interés inmediato
de los empresarios, para incluir en su acervo, como
tales patronales, la defensa de los principios generales
y del interés público, no sólo
compatible con la función empresarial, sino
necesarios para configurar un marco social en el que
puedan proliferar empresas con capacidad para competir
y ganar dinero. Para lograrlo es inevitable que las
organizaciones empresariales sean algo más
que meros grupos de presión.
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