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Alonso Cuervo Abogados

Alonso Cuervo Abogados

En 1988 Alberto Alonso Cuervo funda en Oviedo Alonso Cuervo Abogados. Desde entonces, y dando especial relevancia a la formación técnica especializada, ha ido formando un equipo de profesionales capaz de cubrir todas las ramas del Derecho, tanto público como privado. Su bufete ofrece actualmente un asesoramiento integral y personalizado, tanto en el ámbito nacional como fuera de él.

Sector/es: Abogado derecho laboral, Abogado derecho administrativo, Abogado penal, Abogado tributario y fiscal, Abogado mercantil, Abogado civil, Abogados, Servicios.

Datos contacto de Alonso Cuervo Abogados

Direccióncalle Cervantes, 7, 4º A - Oviedo (Asturias) - 33004- España
Teléfono + 34 985 27 46 48 Teléfono 2 + 34 915 44 18 91
E-Mail Sitio web www.alonsocuervoabogados.com

Descripción de Alonso Cuervo Abogados

“Invertir en la adquisición de seguridad jurídica en la gestión de las empresas es adquirir calidad”

¿Qué retos plantea hoy el asesoramiento especializado en materia de Derecho de los Negocios?

Se trata de un asesoramiento que necesita una especialización compleja, porque exige conocer bien las peculiaridades del sector económico en el que se mueven las empresas. No es tanto un problema de dominar conceptos jurídicos como de conocer las peculiaridades de ese mundo económico y ajustarse a sus necesidades. Después de todo, los conceptos jurídicos, en sí mismos, no tienen una gran complejidad ni son de una abstracción incomprensible. En mi opinión, es más difícil tener una visión adecuada de otros factores más difusos y que vienen a complicar de manera decisiva el asesoramiento en ese sector. Me refiero a factores económicos, financieros y de mercado. Los negocios tienen la terca tendencia de acontecer como pueden y no como son imaginados por los juristas ortodoxos. Y, naturalmente, los factores determinantes de tales acontecimientos son, con mucha frecuencia, jurídicamente inoportunos. Por ello, el asesor de derecho de los negocios tiene que adaptarse a esa realidad eminentemente práctica y, para conseguir el máximo de seguridad para sus clientes, debe conocer en detalle los límites del Derecho: saber qué está dentro de la línea de lo razonablemente seguro y qué no.

¿Qué soluciones demandan las empresas?

Las empresas quieren previsibilidad y rapidez en los resultados. Es decir, seguridad jurídica. Naturalmente, eso les obliga a actuar antes de que los conflictos se presenten, con una asesoría preventiva que les permita conocer bien hasta dónde puede llegar su actividad y sus negocios sin encontrarse sorpresas no razonables. Para ese ejercicio preventivo, que es importantísimo, desde luego es necesario contar con profesionales preparados. Es muchísimo más caro, para la sociedad y para el justiciable, solucionar los problemas jurídicos después de producidos que invertir dinero en prevenirlos. En mi opinión, invertir en la adquisición de seguridad jurídica en la gestión de las empresas es adquirir calidad. Algo que entiende todo el mundo si lo aplicamos, por ejemplo, a la salud.

Una vez que el conflicto se ha producido, es crucial contar con un sistema judicial ágil. Los plazos de retraso que se producen en la administración de justicia son una de las razones que contribuyen a que su sobrecarga aumente, y no diría que de forma intrascendente, por el efecto llamada de ese propio retraso: muchos litigios se producen porque al incumplidor le compensa ganar tiempo en pleitos y probar suerte, porque a veces, por la sobrecarga de trabajo, cabe esperar cualquier resultado. En mi opinión, si se supiera que los litigios tendrán una duración muy corta y sin errores significativos, se desanimaría a una parte considerable de los litigantes. En cambio, un sistema de justicia lento o ineficiente, con poca calidad y que deja la puerta abierta a la aleatoriedad en sus resoluciones, supone un buen incentivo para incumplir las obligaciones y dejar de respetar las leyes del juego mercantil.

Desde su perspectiva ¿Qué operaciones están y van a seguir ganando terreno?

Quizá pasemos por una etapa de simplificación en las estructuras empresariales, pero seguro que las aguas volverán a su cauce. No creo que la crisis vaya a durar siempre, con lo cual, todas las operaciones que favorezcan la adaptación a un mercado cada vez más competitivo y complejo seguirán produciéndose. De todos modos, creo que, más que inventar cosas nuevas, es mejor usar bien las que hay. Estoy pensando, sobre todo, en el uso que se hace de las estructuras de grupos empresariales. Es una fórmula muy buena y adecuada para empresas con actividad compleja, pero solo si se usa de modo riguroso, lo cual no está al alcance de cualquiera porque genera muchas sinergias y versatilidad, pero también ocasiones tentadoras de hacer trampa. Los empresarios rigurosos se benefician sin saltarse la ley, porque saben qué se puede hacer y qué no. Y no es fácil saberlo solo por intuición, porque el análisis jurídico y el económico de los actos beneficiosos no siempre coincide. Creo que a muchos empresarios les hace falta reconocer que el área del Derecho de Negocios es demasiado compleja como para actuar solos, basados en su intuición, por buena que ésta sea para los negocios económicos. Lo mejor, en mi opinión, es profesionalizar al máximo esa tarea.  No todos los empresarios tienen el talento de dejarse asesorar de manera adecuada ni la modestia de reconocer que lo necesitan.

¿Qué valores definen a este bufete en su campo de trabajo? ¿Qué les distingue de otras firmas?

Creo que el más importante sería el alto valor que le otorgamos al conocimiento y la formación. Aunque seguramente, casi todos los profesionales aspiran a regirse por valores parecidos, con independencia de su tamaño o su éxito. Creemos que una de las mejores recetas que hacen consolidar la actividad de cualquier profesional en cualquier campo, es la modestia intelectual: modestia para basar el conocimiento solo en ideas claras y distintas, en conocimiento cierto, sin fiarse de ocurrencias más o menos brillantes. De lo contrario, el abogado acaba preocupado solo de buscar el asentimiento o la simpatía por sus argumentos, más que en demostrar que tiene la razón. Por eso confiamos en la formación constante, porque es la única forma que conocemos de conseguir tal cosa.

No sé exactamente lo que nos distingue, pero me gustaría que nuestros clientes notaran que, cuando salen de nuestro despacho entiendan mejor su problema y crean en la solución que les hemos propuesto.

¿Qué áreas están potenciando en el marco del asesoramiento jurídico multidisciplinar a empresas?

Las empresas necesitan ocuparse de sus propios asuntos, sin incurrir en un excesivo gasto de tiempo, energía o dinero en la gestión en sí. Con todo, dada la complejidad del mundo mercantil, hay que aceptar un cierto nivel de inversión en ganar calidad jurídica en esa gestión. Eso implica actuar con asesoría preventiva y con información específica y actualizada para determinados puestos de la empresa. Sin embargo, es curioso comprobar que solo los empresarios mejor preparados y más cultos frecuentan este tipo de servicio de consultoría permanente. Los bufetes de abogados podemos hacer mucho en ese terreno, si se nos permite acompañar a las empresas en su desenvolvimiento ordinario, y no solo cuando surge el conflicto. Y desde luego, la experiencia demuestra, como he dicho, que es mucho más rentable para las empresas.

¿Qué opina de la reforma de la justicia y la ley de tasas?

Si no hay dinero, desde luego, o nos cuesta por vía de impuestos o por vía de tasas, y de una forma u otra nos va a costar. Eso, puede ser que no tenga remedio. Ahora bien, ya puestos, creo que vale más discutir, no tanto de si es caro o barato, porque eso se comenta por sí solo, como sobre a quién debe ir ese dinero, para qué y quién lo ha de pagar.

Todos los recursos financieros que se saquen de esa tasa deberían revertir en los tribunales para conseguir, descender muy significativamente la litigiosidad temeraria. Ese dinero debería ir solo a la Justicia para ganar mucha más agilidad y calidad y debe pagarlo, sobre todo, el que abuse de ese servicio.

¿Qué medidas pueden ayudar a la mejora de la Justicia?

Por un lado, prevenir. No sería mala idea que el Gobierno, que gasta tanto para financiar el servicio de Justicia, hiciera cuentas: si se prima fiscalmente el gasto en asesoría jurídica no contenciosa, es razonable esperar menos gasto en tribunales. Lo que se gaste en prevenir, debería restar a lo que se gaste en arreglar. Por otro lado, la normalización de algunas áreas contractuales menores y frecuentes como alternativa. No sé si tiene sentido que algunos contratos simples se confíen a la intuición de las partes. Igual que la Letra de Cambio responde a un formato cerrado, y a cambio dispone de acciones fulminantes, debería haber la posibilidad de que los contratos más frecuentes estuvieran formalizados como opción, a cambio de acceder a juicios muy rápidos, de debate cerrado y concreto, con costes de tasas ínfimas. Y si ese modelo normalizado no le gusta, pues a pagar el coste de un juicio ordinario. 

Hay que tener en cuenta que cada vez que vamos a la Sala de Justicia para discutir de un asunto de 1.000 euros, en la sala se dan cita durante 40 minutos un magistrado, un secretario, un agente judicial, dos abogados, dos procuradores y dos partes con cara de pocos amigos ¿Sabe alguien lo que cuesta esta escena? Pues sin duda a la sociedad le saldría más barato pagar 1.000 a cada litigante y ahorrarse el juicio.

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