Líderes en Europa en pleitos

de ‘multipropiedad’

 

Eva Mª Gutiérrez Espinosa

Directora del departamento jurídico de CLA

Canarian Legal Alliance nace en Gran Canaria como respuesta a la incipiente demanda de reclamaciones en el sector de la comúnmente conocida como ‘multipropiedad’. Avalado por ser el propulsor de la reciente jurisprudencia del sector, en la actualidad este despacho colabora con un equipo de más de 15 letrados especializados en dar respuesta especializada a los consumidores de ese ámbito tan litigioso.

 

 

Empecemos por aclarar conceptos ¿Qué se entiende por multipropiedad?

El aprovechamiento por turno, mal llamado ‘multipropiedad’, es un producto turístico por el cual los adquirentes se constituyen como poseedores de un derecho de uso respecto de un inmueble de uso turístico durante un periodo de tiempo. Con este producto, los consumidores se aseguran un lugar estable de vacaciones, previo pago de un precio desde el momento de la contratación más una cuota anual de mantenimiento.

Dada la naturaleza del producto, y su contratación normalmente en un marco poco reflexivo como son los periodos vacacionales, es un sector con mucha problemática.

 

¿Qué problemáticas generan estos casos?

La problemática se da cuando las empresas del sector venden de por vida, obligando a los adquirentes al pago de unas cuotas de las que previamente no se les informa adecuadamente, vendiendo en muchas ocasiones derechos en abstracto que los clientes no pueden concretar. Además, para asegurar la venta, todas cobran por adelantado parte importante del precio, incumpliendo la prohibición expresa de anticipos.

 

CLA es un despacho de referencia en este tipo pleitos…

Efectivamente. CLA nace con el propósito de dar respuesta a las demandas de millones de consumidores que denuncian un total desequilibrio frente a las empresas comercializadoras, en el marco de una contratación tristemente conocida por los abusos de unas técnicas de venta sumamente agresivas. Tras una década de lucha, atravesando todas las instancias judiciales, CLA ha conseguido el amparo del Tribunal Supremo, quien, ante las demandas de los consumidores, ha establecido la nulidad de cientos de contratos por no contemplar los imperativos de la norma en cuestiones esenciales, como son la duración de los contratos, la concreción del objeto sobre el que recaen y los derechos de desistimiento libre y voluntario en un determinado periodo reflexivo.

 

¿Qué escenario dibuja la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto?

Tras esta reciente jurisprudencia nos encontramos con un sector fuertemente aquejado de millones de contratos susceptibles de ser declarados nulos, pues la mayoría de las empresas comercializadoras contratan sin contemplar estas premisas legales: plazo del contrato entre 3-50 años, 1-50 con la actual regulación; identificación adecuada del objeto contractual, fijando inmueble y semana a disfrutar; respeto del periodo reflexivo sin cobro de cantidades; e información adecuada y reforzada.

 

¿Qué cifras avalan su éxito como asesoría legal?

Ya sumamos casi 90 sentencias del Tribunal Supremo, respecto de las principales comercializadoras del sector en Gran Canaria y Tenerife, donde los tribunales inferiores están asumiendo el criterio del Supremo y declarando nulos los contratos por estas causas. En la actualidad, contamos con aproximadamente 88 sentencias del TS a favor y aproximadamente 400 de otras instancias, habiendo recuperado de momento 1.700.000 €, para nuestros clientes. Ahora se nos plantea como principal reto conseguir una adecuada respuesta frente al gigante de la ‘multipropiedad’ en Málaga, Club La Costa, quien desde hace 30 años comercializa millones de contratos en esa provincia, eludiendo su responsabilidad en los tribunales, cuando son compradores extranjeros, vendiendo bajo la figura de empresas de nacionalidad también extranjera.  Confiamos en que un estudio adecuado y responsable nos permita una solución ajustada a derecho y una respuesta real a millones de contratantes aquí en España, esperando que no sean los propios tribunales quienes den cobijo a estas empresas para contratar sin control en nuestro país.

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